Crisis en el sistema de salud: El Sanatorio Concordia rescinde su convenio con PAMI tras 30 años de prestación
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Con un atraso arancelario que alcanza el 135%, la institución debió dar un paso al costado. La medida deja a más de 15.000 afiliados sin cobertura en el sector privado, trasladando la demanda al sistema público. Andrés Lemesoff, director del centro de salud, advierte que la problemática se replica en todo el país.
El Sanatorio Concordia oficializó la baja definitiva de su convenio con PAMI a partir del 1 de septiembre de 2026, marcando un hito sin precedentes en sus más de tres décadas de relación con la obra social de los jubilados. La decisión, calificada por la conducción de la institución como el desenlace de diez meses de gestiones infructuosas, deja sin atención médica privada a una cápita de 15.000 afiliados en internación y a cerca de 40.000 en prestaciones de alta complejidad.
En diálogo con LAREGION24, el director del Sanatorio Concordia, Andrés Lemesoff, detalló las razones detrás de la medida y alertó sobre la brecha económica que obligó a suspender la atención.
Una brecha financiera insostenible
El desencadenante central del conflicto radica en el atraso de los valores prestacionales frente a la inflación acumulada. Según Lemesoff, la falta de recomposición adecuada se profundizó a partir de finales de 2023.
"El único problema es el atraso arancelario que empezó en diciembre del 2023. A la fecha, alcanza un 135%. Esto quiere decir que estamos cobrando valores del año 2024 y asumiendo costos del año 2026. Es una brecha insostenible", afirmó el profesional.
La asimetría económica comenzó a impactar de forma directa en el funcionamiento operativo del sanatorio. En mayo, la empresa debió recurrir al pago de salarios del personal en cuotas, lo que derivó en restricciones progresivas de los servicios: suspensión de turnos de consulta con especialistas, reprogramación de cirugías y atención en guardia limitada únicamente a código amarillo y rojo (urgencias y emergencias).
De las cartas documento a la baja del SIS-3
Tras reuniones formales, intimaciones por carta documento e intentos fallidos de negociación —incluida una reunión suspendida en la sede central de PAMI en Buenos Aires que nunca se reprogramó—, la institución notificó la rescisión del contrato.
Pese a no recibir una respuesta formal por cédula, la baja se confirmó a través de notificaciones informales del organismo a médicos de cabecera y la posterior verificación en el sistema SIS-3.
"Lamento mucho tener que haber llegado a esta situación. Considero que desde PAMI no nos dieron los espacios suficientes ni los interlocutores válidos, y se llegó a esta instancia de conflicto que va a ser muy difícil recomponer", sostuvo Lemesoff, descartando además cualquier trasfondo de índole política: "Hace casi 10 años que estoy a cargo del sanatorio y he tenido que trabajar y pelear con los tres gobiernos".
El impacto en Concordia y el panorama nacional
A diferencia de otras localidades de Entre Ríos donde la cápita de PAMI se distribuye entre varias clínicas (promediando entre 4.000 y 6.000 afiliados por establecimiento), el Sanatorio Concordia era el único prestador privado operativo para la obra social en la ciudad, absorbiendo un volumen masivo de consultas: un promedio histórico de 300 internaciones mensuales, 40 atenciones diarias por guardia y más de 1.200 consultas con especialistas.
Con la salida del sanatorio, la demanda recae sobre el sistema de salud público local, que actualmente se encuentra absorbiendo a los pacientes derivados.
Lemesoff subrayó que el problema excede a la provincia y refleja una crisis generalizada en el sector privado de la salud:
"La problemática es la misma a lo largo y a lo ancho del país. En las últimas semanas hubo medidas de fuerza y huelgas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Continuar con el convenio vigente nos llevaba directamente a la quiebra en dos o tres meses".
De cara al futuro, la institución reestructurará su esquema prestacional enfocado en el resto de los convenios con obras sociales y medicina prepaga —más de 90 entidades— que han mantenido un ritmo de actualización arancelaria más cercano a los índices inflacionarios.
Autor:Javier Vilaboa
