Cambio de régimen penal juvenil: "La baja de la edad de imputabilidad jamás va a funcionar sola"
Tweet
En diálogo con LAREGION24, Franco Bongiovanni, fiscal de la Unidad Fiscal Penal Juvenil de Entre Ríos, analizó los alcances y desafíos procesales de la nueva legislación nacional que reduce la edad de punibilidad a los 14 años. La falta de infraestructura especializada, los delitos más comunes en la provincia y la alerta sobre no descuidar la responsabilidad de los adultos.
La reciente entrada en vigencia de la ley nacional que fija la edad de punibilidad en los 14 años modificó de manera directa la dinámica de la justicia penal juvenil en todo el país. En Entre Ríos, donde la delincuencia juvenil presenta una magnitud sensiblemente menor a la de otros grandes centros urbanos, la reforma abre un abanico de desafíos organizativos y presupuestarios.
En entrevista con LAREGION24, Franco Bongiovanni —integrante de la Unidad Fiscal Penal Juvenil de Paraná— ofreció un panorama detallado sobre cómo se implementa la norma, la realidad delictiva de los adolescentes entrerrianos y los aspectos estructurales que el Estado provincial debe resolver de manera urgente.
Un subsistema especial y una realidad provincial diferenciada
La materia penal juvenil exige una mirada especializada y orientada a la resocialización. Aunque en Paraná existen fiscales dedicados exclusivamente a este fuero, en la mayoría de los departamentos de la provincia intervienen los fiscales ordinarios.
"El subsistema penal juvenil responde a normas específicas y amerita una intervención más excepcional que el sistema de adultos, con un fin educativo y una visión restaurativa", explicó Bongiovanni.
Respecto al volumen de delitos cometidos por adolescentes en Entre Ríos, el fiscal desmitificó ciertas percepciones sociales generadas por la agenda de los medios nacionales:
"La delincuencia juvenil es menor a la de adultos por una cuestión poblacional. Además, en Entre Ríos la problemática es mucho menor que en Buenos Aires. Existen delitos graves cometidos por adolescentes, pero no en la magnitud que quizás el común de la gente percibe".
Los puntos clave del nuevo régimen penal
La reforma legislativa introdujo transformaciones procesales profundas:
- Punibilidad desde los 14 años: Cualquier adolescente a partir de esa edad puede ser juzgado.
- Escala penal y límite máximo: No se hacen diferenciaciones explícitas por tipo de delito en las escalas, pero se establece un tope máximo de 15 años de prisión para menores de 18 años.
- Inclusión de delitos menores: Infracciones con penas inferiores a dos años (como lesiones o amenazas) ahora son imputables.
- Sanciones alternativas: Se incorpora un abanico de medidas que van desde prohibiciones de conducir o acercamiento hasta la obligación de realizar cursos de formación y tareas comunitarias.
Tipos de delitos: del conflicto barrial a los delitos sexuales y estupefacientes
Consultado sobre la tipología delictiva que llega a los tribunales entrerrianos, Bongiovanni señaló que, si bien persisten las disputas territoriales con uso de armas de fuego, han emergido nuevas dinámicas:
"Notamos un crecimiento evidente en delitos de género por parte de adolescentes y en delitos contra la integridad sexual. También vemos jóvenes involucrados en la tenencia y comercialización de estupefacientes".
El dilema de la infraestructura: ¿Dónde cumplirán las penas?
Uno de los puntos más críticos de la implementación es la ausencia de instituciones penitenciarias especializadas para menores en la provincia. La legislación vigente y los tratados internacionales prohíben taxativamente alojar a menores en cárceles de adultos como la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú o la Unidad Penal 1 de Paraná.
Actualmente, las detenciones preventivas se derivan a residencias de régimen cerrado dependientes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) o a dependencias de la División Minoridad de la Policía.
"Hay cosas por hacer de cara al futuro inmediato. El Poder Ejecutivo deberá evaluar si las condenas se cumplirán en esos mismos lugares y si el Servicio Penitenciario deberá capacitar personal especializado, garantizando siempre la separación entre procesados y penados, y entre hombres y mujeres", remarcó el fiscal.
La tentación de perseguir al eslabón más débil
En cuanto a la responsabilidad de los adultos, Bongiovanni advirtió sobre el peligro de que las fiscalías y la policía se enfoquen únicamente en el menor punible, ignorando a quienes manipulan la estructura criminal.
"Frente a un chico portando drogas o un arma, es evidente que ese material se lo dio un adulto. Lo peligroso de esta ley es la tentación de quedarnos con el de 14 años, cuando atrás seguro hay uno de 25, 30 o 40 años que le dijo 'andá y hacelo vos'. Hay que ampliar la visión para generar imputaciones político-criminalmente más efectivas", enfatizó.
Salud mental y prevención estatal
Para finalizar, el representante del Ministerio Público Fiscal insistió en que el endurecimiento o la baja de edad en las leyes penales no resuelven el fondo del problema si el Estado retrocede en las políticas públicas preventivas.
"La baja de imputabilidad jamás va a funcionar sola. El sistema penal nunca va a resolver del todo nada si el Estado no cubre otras deficiencias en los territorios vulnerables. En Entre Ríos, la salud mental y el abordaje de las adicciones son un tema urgente. Lamentablemente, el sistema penal a veces funciona como la puerta de entrada para encender alarmas, pero las alertas deberían actuar antes para evitar la violencia", concluyó.
Autor:Javier Vilaboa
