Estafa vial en las Rutas 12 y 14: Denuncian un negocio millonario a costa de los usuarios
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El Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) analiza el complejo escenario de las rutas argentinas, cuestionando la legitimidad de los peajes en caminos ya amortizados y la falta de una política de transporte seria.
La red vial argentina atraviesa una crisis de larga data que, lejos de resolverse, parece reciclarse con cada cambio de gestión. Ricardo Lasca, referente histórico del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), no duda en calificar el actual sistema de concesiones como una "estafa vial". En una entrevista exclusiva, el especialista desglosa por qué los peajes que pagamos en rutas nacionales —especialmente en los corredores viales 12 y 14— funcionan más como un impuesto al tránsito que como una herramienta de mantenimiento.
El mito de la concesión: ¿Obra o recaudación?
Uno de los puntos centrales de la crítica de Lasca es la desinformación que rodea a las rutas concesionadas. Según el titular de CONADUV, la narrativa de que las empresas privadas financian las rutas es falsa.
"La Autovía 14 y el Puente Victoria-Rosario son ejemplos claros. Se hicieron con fondos del Estado Nacional y de las provincias. Sin embargo, se dieron en concesión para seguir cobrando peajes por décadas, bajo la excusa de un mantenimiento que a menudo se limita a 'cortar el pasto' y un simple maquillaje", explica Lasca.
Para el especialista, el problema de fondo es estructural: el peaje no debería ser un pago a cuenta de obras futuras, sino la retribución por un servicio. Cuando el usuario paga, espera una contraprestación que, en la mayoría de los casos, no llega.
El drama de la doble imposición
El argumento más contundente de Lasca radica en la doble imposición. Los usuarios viales ya pagan impuestos específicos para el mantenimiento de caminos, principalmente a través de la carga impositiva en los combustibles.
- Impuesto a los combustibles: Según Lasca, este tributo recauda miles de millones de dólares al año que, teóricamente, deberían volcarse a la infraestructura vial.
- Peaje: Se suma como una carga extra, convirtiéndose en un "impuesto al tránsito" que afecta no solo al usuario particular, sino a toda la economía (transporte de carga, agro, pymes).
- Ausencia de alternativas: La Constitución Nacional garantiza el libre tránsito, pero en las rutas concesionadas el usuario rara vez encuentra un camino alternativo gratuito, lo que obliga al pago compulsivo.
¿Caja política o servicio público?
Lasca sostiene que las estaciones de peaje se han transformado en una "caja política" que trasciende los colores partidarios. Desde la década del 90 hasta la actualidad, los cambios de gobierno no han modificado el esquema de fondo.
"Los que eran opositores criticaban al oficialismo. Cuando son gobierno, hacen exactamente lo mismo que el que se va. Es un negocio fenomenal que funciona como una estafa institucionalizada", afirma Lasca.
El experto denuncia además la falta de un ente regulador sólido. Mientras que otros servicios públicos (gas, luz, agua) cuentan con organismos de control, en el sector vial "estamos a la buena de Dios". La falta de participación de los usuarios en la toma de decisiones y el "cajoneo" sistemático de propuestas legislativas para desarrollar un proyecto vial serio son, para CONADUV, síntomas del déficit institucional del país.
Tecnología vs. El problema de fondo
Respecto a la digitalización del cobro (Telepase, Free Flow, lectores de patentes), Lasca aclara que, si bien la tecnología podría mejorar la fluidez del tránsito y reducir accidentes, no soluciona el problema de fondo: el peaje como tal.
"Si nos van a cobrar de por vida, que pongan al menos el sistema Free Flow (flujo libre) para terminar con las barreras y las colas, que son focos de siniestralidad. Pero no nos confundamos: poner un arco electrónico en lugar de una cabina física no hace que el cobro deje de ser un robo si no hay una obra que lo justifique", subraya.
Una propuesta de cara al futuro
El mensaje de Lasca no es meramente una queja. Desde CONADUV, han presentado propuestas concretas que incluyen:
- Transparencia absoluta: Auditoría de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles.
- Entes reguladores independientes: Con participación activa de usuarios directos (transporte, agro, particulares) e indirectos (pymes).
- Planificación estratégica: Desarrollar una política de transporte multimodal (ferrocarril, rutas, transporte fluvial) que reduzca los costos logísticos y mejore la competitividad del país.
- Respeto constitucional: Garantizar caminos alternativos libres de pago para asegurar el derecho al libre tránsito.
"No buscamos confrontar por confrontar. Queremos que, si algo está mal, se corrija. Los caminos son de dominio público, no de un concesionario ni de un gobierno de turno. Merecemos estar en la mesa de debate para decidir el futuro de nuestra infraestructura", concluye.
Autor: JAVIER VILABOA
